- Las peñas hablaron de “represalia” pero el colegio insta a “trabajar juntos”
‘Las peñas temen un verano caliente por la imposición a la fuerza del veterinario en los bous’. Así titulaba el Periódico Mediterráneo una información el pasado 5 de junio en la que se narraban diversas incidencias en festejos de municipios concretos que acabaron resolviéndose con la contratación de un veterinario. El presidente de la Federación de Peñas, Germán Zaragoza, hablaba de “nuevas exigencias” -en referencia al reclamo de la Información sobre la Cadena Alimentaria (ICA)- para los toros que van a sacrificio y enmarcaba todo ello en supuestas “represalias” de veterinarios de los mataderos (Sanitat) y de las Ocapa’s (Agricultura) por la nueva moratoria de dos años (hasta abril de 2026) en la aplicación de un artículo del decreto 58/2023 decidido por la Conselleria de Agricultura el mes pasado. La presidenta del Colegio de Castellón (COVCS) y vicepresidenta del CVCV, Natalia Gil, aclaró al día siguiente a este mismo diario la situación creada, de fendió el proceder de los veterinarios aludidos y circunscribió su actuación al “cumplimiento de la Ley”.
Es más, lejos de buscar el enfrentamiento, dijo “no entender” las declaraciones de Zaragoza -quien ha dicho varias veces en público que la entrada de los veterinarios en el festejo “es una línea roja”- y volvió a tender la mano a los peñistas para “trabajar unidos” en la consolidación de este festejo.
Reforma paralela
El Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) ya ha trasladado a la Conselleria de Justicia e Interior su voluntad de avanzar en la reforma del reglamento que regula los bous al carrer para integrar la figura del veterinario habilitado. En este sentido, el CVCV defiende que este proceso debe seguir un camino diferenciado a la moratoria decretada el mes pasado en lo concerniente a la exigencia por las Ocapas de los certificados sanitarios de traslados de reses de estos festejos.
Con tal intención, el CVCV ya remitió a la D.G. de Interior un documento en el que se especifican las funciones que estos profesionales tendrían. Serían, básicamente, las mismas que se pactaron en 2018 para la reforma de este mismo reglamento y que el anterior ejecutivo acabó por no sacar adelante.
Nada nuevo
Gil desmintió que las ICA que reclaman los veterinarios de los mataderos sea un requisito “nuevo”. Se trata de un documento, que debe suscribir el ganadero, acompañando a la Guía de Traslado de Origen y Sanidad Pecuaria que viene recogido en el decreto 361/2009, modificado en el RD 1086/2020. “Es verdad que la ICA se cambió en 2023 para facilitar que los controles oficiales en los mataderos se realicen teniendo en cuenta la información más actualizada posible sobre los animales”, precisó. En este documento, se recogen compromisos claves en cuanto a salud pública, como que el animal proceda de una explota ción libre de brucelosis o tuberculosis, controlada por veterinario o que no haya sido tratado con sustancias que cuestionen su seguridad alimentaria. Otra cuestión son las guías de traslado a matadero, actividad para la que la Conselleria de Agricultura sí habilita veterinarios de forma habitual.
Gil criticó la “confusión generada” y la escalada de las reivindicaciones de los peñistas, a pesar de la moratoria de las guías de ida y vuelta. “No parece interesarles la sanidad y bienestar de los bous (regulando la figura del veterinario en el reglamento, que depende Interior); no quieren que el movimiento entre el festejo y matadero sea certificado por un veterinario habilitado (como existe posibilidad a través de Agricultura); ni que el veterinario (dependiente de Sanitat) exija en matadero el documento ICA. Pretenden pues, implicar a otros (veterinarios oficiales y responsables de festejos) en incumplimientos de las leyes en sanidad y bienestar animal y de seguridad alimentaria. No son conscientes de que esto puede tener graves repercusiones en la actividad ganadera y en los consumidores”, se lamentó a este boletín.
