El 2 de abril, el vicepresidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval), Gonzalo Moreno del Val, compareció ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado para exponer las consecuencias adversas de la aplicación del Real Decreto 666/2023 (vídeo de su intervención), que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. En su intervención, detalló cómo la normativa está afectando gravemente a la actividad veterinaria.
Durante su intervención, que duró más de 15 minutos, más el tiempo dedicado a responder a preguntas de los senadores, Moreno del Val lamentó que la normativa se hubiera elaborado sin tener en cuenta la realidad del ejercicio veterinario, lo que ha llevado a una creciente "criminalización de la profesión" y a serias dificultades para ejercerla con garantías jurídicas, técnicas y científicas. Además, advirtió que la legislación tiene un enfoque que más bien responde al sector farmacéutico humano, sin considerar las particularidades de la veterinaria. Recordó que, a diferencia de la medicina humana, que trata a una sola especie con una variabilidad mínima, los veterinarios manejan una amplia variedad de especies, desde pequeños roedores hasta grandes mamíferos, lo que limita considerablemente la flexibilidad para el uso de medicamentos.
El vicepresidente de la OCV también denunció la interpretación "restrictiva" de la normativa en España en comparación con otros países europeos, destacando que la aplicación del Real Decreto podría variar entre comunidades autónomas e incluso entre inspectores, generando un escenario de "inseguridad jurídica" que comprometería tanto la salud pública como el bienestar animal.
Restricciones a la prescripción clínica
Uno de los puntos más críticos expuestos por Moreno del Val fue la falta de flexibilidad en la prescripción de medicamentos, lo que impide a los veterinarios adaptar los tratamientos a las necesidades reales de los animales. Señaló que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) reconoce que seguir estrictamente las fichas técnicas puede incrementar las resistencias a los antibióticos, algo que, según indicó, es lo que impone el RD 666/2023. Además, destacó que la normativa española no permite desviarse de las indicaciones de la ficha técnica, mientras que el reglamento europeo contempla el uso de medicamentos fuera de estas condiciones en ciertos casos.
En otros países de la UE, se han emitido notas aclaratorias que favorecen la independencia de los veterinarios, ampliando su libertad para realizar prescripciones basadas en su criterio profesional y conocimiento científico, lo que no ocurre en España. También criticó el uso limitado de la prescripción excepcional mediante la “cascada por vacío terapéutico”, que solo se permite cuando no existen medicamentos autorizados para una especie e indicación concreta, lo que obliga a los veterinarios a asumir mayores riesgos en beneficio del bienestar animal.
La normativa más restrictiva de la UE
Moreno del Val subrayó que, a pesar de los avances previos en la reducción del uso de antibióticos en ganadería en España, el país cuenta con el marco normativo más restrictivo de la UE para la acción veterinaria. Afirmó que, aunque España ya había reducido un 70% el uso de antibióticos en ganadería y los animales de compañía representan solo el 0,19% del consumo total, el Ministerio de Agricultura ha optado por establecer el marco más limitador en comparación con otros países europeos.
Destacó que la clasificación de antibióticos en Europa se realiza según su riesgo para las resistencias antimicrobianas, y que los veterinarios españoles ya aplicaban esta categorización antes de la entrada en vigor del Real Decreto. Además, indicó que, con el RD 666/2023, los antibióticos de mayor categoría solo pueden utilizarse cuando los de menor categoría resulten ineficaces, lo que provoca retrasos innecesarios en los tratamientos. También, el uso de antibióticos de categoría B exige pruebas de cultivo y sensibilidad, salvo en casos de urgencia.
Sistema PRESVET
Otro aspecto controvertido de la normativa es el sistema de notificación obligatoria de prescripciones de antibióticos PRESVET, que Moreno del Val calificó como "innecesario, duplicado y excesivo". Este sistema, según explicó, no utiliza las unidades de medida estandarizadas por la EMA y exige una cantidad de información difícil de justificar, además de adelantarse cinco años a lo que establece la normativa europea para los animales de compañía.
Modificación del RD-L 1/2015
En cuanto a la distribución de medicamentos veterinarios, criticó que, a diferencia de la mayoría de países europeos, los veterinarios españoles no están autorizados a vender medicamentos, lo que limita la capacidad de los profesionales para garantizar un tratamiento adecuado. Según destacó, este sistema impide que los veterinarios proporcionen los medicamentos necesarios para completar el tratamiento tras la consulta, lo que podría mejorar la continuidad asistencial y evitar riesgos de uso indebido.
Reacción en el Senado y apertura a modificaciones
Durante el turno de preguntas, el senador del Partido Socialista, José Latorre, reconoció el "gravísimo" problema de las resistencias a los antimicrobianos y defendió que las medidas más restrictivas eran necesarias debido a la posición de España como uno de los principales consumidores de antibióticos veterinarios. Sin embargo, también mostró disposición para discutir posibles modificaciones que faciliten la aplicación de la normativa y mejoren la interpretación de la misma.
El Ministerio de Agricultura, por su parte, también expresó su disposición para revisar la normativa. En una carta publicada ese mismo día, el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Valentín Almansa, indicó que el Ministerio está analizando periódicamente la aplicación del Real Decreto 666/2023 para valorar eventuales modificaciones que mejoren su implementación.
Dosier de prensa:
