La profesión veterinaria ha reclamado la apertura de un debate “serio y urgente” sobre su papel sanitario en España y sobre la necesidad de actualizar el marco regulatorio que afecta al ejercicio clínico y al acceso a los medicamentos. Así lo expone Gonzalo Moreno del Val, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, en una tribuna publicada en El Mundo, difundida también por la Organización Colegial Veterinaria, donde subraya que los veterinarios “no piden privilegios”, sino una normativa “moderna, proporcionada y útil para la salud pública”.
El autor denuncia que, pese a su papel clave en ámbitos como la seguridad alimentaria, la vigilancia epidemiológica, el control de zoonosis o la sostenibilidad ganadera, la veterinaria continúa sin recibir el reconocimiento institucional y normativo que sí existe en otros países europeos. “Sin veterinarios no hay una sola salud posible”, recuerda, en referencia al enfoque One Health (Una Salud) que integra salud humana, animal y ambiental.
Uno de los puntos más controvertidos es la separación estricta entre prescripción y suministro de medicamentos veterinarios, defendida por algunos sectores como garantía de independencia profesional. Moreno del Val sostiene que este planteamiento “falla cuando se confronta con la realidad clínica” y con la práctica europea, donde muchos países permiten modelos mixtos bajo supervisión administrativa.
El texto subraya que la medicina veterinaria trabaja con múltiples especies, pesos y contextos epidemiológicos, y que la disponibilidad real de medicamentos es limitada. El problema, afirma, no es cuántos fármacos figuran en catálogo, sino si el propietario puede disponer “en el momento clínico necesario” de la presentación y dosis adecuadas. En demasiadas ocasiones, la respuesta es negativa.
Independencia profesional: ética, no burocracia
El autor rechaza que permitir el suministro comprometa la independencia del veterinario y recuerda que esta se sustenta en la ética profesional, la responsabilidad deontológica y el control administrativo. Cuestionar sistemáticamente el criterio clínico, afirma, supone desconocer el funcionamiento real de una profesión sanitaria sometida a obligaciones estrictas.
La tribuna también aborda el uso de antibióticos en sanidad animal. España ha logrado una reducción significativa en los últimos años, gracias al compromiso de los veterinarios con el uso prudente de antimicrobianos. Por ello, el autor considera injusto trasladar a la opinión pública la idea de que la profesión es un riesgo en la lucha contra las resistencias. Reclama rigor y medidas eficaces que no dificulten el acto clínico.
Una regulación que acompañe, no que obstaculice
Moreno del Val defiende que la salud pública no se protege “multiplicando cargas burocráticas” ni dificultando el acceso a tratamientos. Propone mejorar la disponibilidad real de medicamentos, adaptar presentaciones a las necesidades clínicas y reconocer plenamente el papel sanitario de la veterinaria. Recuerda además que los servicios clínicos veterinarios siguen gravados con un IVA del 21%, pese a su función sanitaria.
El artículo concluye con un mensaje directo: España necesita más veterinaria en sus políticas públicas. Una regulación eficaz, afirma, debe construirse desde la realidad asistencial y no desde esquemas pensados para la medicina humana. Solo así podrá garantizarse la protección de la salud pública, el bienestar animal y la seguridad del consumidor.