La Consellería de Justicia ha sacado a consulta un proyecto de orden para regular la puesta a disposición de los peritos judiciales que puedan ser requeridos por los tribunales, por el ministerio Fiscal o, en casos de asistencia gratuita, por una de las partes. Pues bien, en ese texto y pese a los próximos cambios de la legislación, en el código penal para delitos de maltrato animal o en materia de bienestar y protección animal, no se incluye expresamente entre los titulados del llamado Grupo I a los veterinarios. El Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) ha alegado para que se especifique claramente su inclusión.
La cuestión, no afectaría teóricamente a los veterinarios respecto de titulados igualmente superiores como los arquitectos, ingenierios superiores, médicos, economistas, biólogos, químicos y psicólogos que sí se mencionan. Pero lo cierto es que, según la orden, la pertenencia a esos grupos es lo que determina la baremación de honorarios. Efectivamente, la compensación económica para los del Grupo I es de 800 euros, para los de Grupo II es de 500 y para el resto de técnicos titulados es de 400 euros. Y Veterinaria no se cita tampoco en el Grupo II, en el que sí se alude a aparejadores o ingenieros técnicos.
“Titulaciones equivalentes”
No ser mencionado expresamente en sendos listados no implica que el juez o el fiscal puedan pedir que sean llamados y catalogados de tal manera ya que podrían ser considerados atendiendo al concepto también incluido en el proyecto de “otras titulaciones equivalentes”. Con todo, su inclusión “evitaría que los veterinarios que hayan acreditado debidamente la prestación de un servicio, deban acreditar, además, que su titulación se encuentra dentro del Grupo I, evitándose así más gestiones así como confusiones, agilizándose, por tanto, la tramitación del expediente”, explican las alegaciones del CVCV.
Arraigo
Frente a esta exclusión, el CVCV alega que “la veterinaria es una profesión de arraigo consolidado”, y legalmente reconocida como sanitaria. Cuyos conocimientos -insisten desde la entidad colegial- pueden ser claves en procesos civiles y penales y “abarcan desde los maltratos a animales, la salud y el bienestar animal, alimentación...” .
Más aún cuando se encuentran ya en su última fase de tramitación importantes cambios normativos como la modificación del Código Penal para reforzar la persecución del maltrato animal, el Código Civil o incluso la Ley Hipotecaria para considerar a los animales “seres sintientes” o el propio anteproyecto de protección, derechos y bienestar de los animales, ahora en fase de consulta. Todo ello ampliará “las acciones judiciales que pueden interponerse para la defensa de los intereses de los animales y sus propietarios, lo que conllevará una mayor actividad judicial y en consecuencia, a que los veterinarios deban realizar más pericias, de las que ya vienen haciendo”.
