La junta interterritorial de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) considera necesario que el anteproyecto de la Ley de Protección y Derechos de los Animales sirva para mejorar los niveles de la identificación como vía más efectiva para luchar contra el abandono, en vez de recurrir a la esterilización generalizada; precise con mayor concreción términos como maltrato, eutanasia y sacrificio, y aclare cómo y quiénes van a impartir la formación en tenencia responsable de animales de compañía.
La reunión se dedicó monográficamente a abordar el borrador de la Ley, que en abril comenzó su trámite parlamentario. Con anterioridad, la OCV, los Consejos Autonómicos y los Colegios presentaron 73 alegaciones que no han sido recogidas, con un contenido que trata de buscar mayor nivel de rigor científico y menor indefinición en los aspectos más delicados.
Participación veterinaria
Los asistentes, de manera unánime, lamentaron el papel poco relevante que se ha dejado a los veterinarios en su redacción, a pesar de ser los profesionales cualificados por excelencia en ámbitos como la salud y el bienestar animal, medibles por parámetros objetivos.
Invasión de competencias
Por otra parte, tras estudiar el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 18 de febrero, los ejecutivos de comunidades gobernadas por el PSOE -como Extremadura, Castilla La Mancha, Asturias, Baleares o Aragón- y por el PP -Galicia o Murcia- están en contra de este texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales (Ione Belarra) y muestran su disconformidad y también malestar con el mismo. Se quejan, entre otras cuestiones, de que genera invasión de competencias, costes o cargas administrativas excesivas e inseguridad jurídica... Posturas que ha sido confirmadas en las alegaciones que se han presentado y que podrían afectar a la tramitación parlamentaria.
