Tras años de debates, jornadas y alegaciones, el Proyecto de Ley de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía ha entrado en su fase más decisiva a su paso por Les Corts. Los cambios introducidos por las enmiendas acordadas por el Botànic -las de PSPV, Compromís y Unides Podem- han levantado polémica, fundamentalmente entre la Federación de Caza y las asociaciones agrarias, que rechazan que los perros de caza o pastores deban estar sujetos a esta Ley. El Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) y el Colegio de Valencia (ICOVV) -a través de su presidenta, Inmaculada Ibor- han intensificado durante estas semanas los contactos con algunas de las partes y partidos implicados con la intención de mejorar la norma y hacer valer su criterio técnico-científico, en general, y para ampliar la obligatoriedad de la identificación a los gatos y hurones, más en particular.
Como es ya sabido, el proyecto de Ley no concretaba qué especies debían ser objeto de identificación. Tras tener acceso a las enmiendas del Botànic, se pudo constatar que una sí apostaba por microchipar también a los hurones no así a los gatos, lo que se decía dejar para un desarrollo posterior. De ahí, que el 26 de octubre el CVCV emitiera un comunicado a los medios reclamando -por cuestiones sanitarias y vinculadas con la lucha contra el abandono y maltrato animal- que tal obligación se extienda sobre perros y también gatos y hurones. En esta misma línea de actuación se entendería el artículo de opinión suscrito por el presidente de Icoval, Gonzalo Moreno del Val, días antes, en Diario Información.
PSPV y PP-CV
Así se le trasladó el 20 de octubre y en las oficinas del PSPV en la cámara, a David Calvo, diputado miembro de la Comisión de Agricultura donde ahora se debaten y se votarán las enmiendas.
No ha sido éste el único contacto. El 27 de septiembre ya se produjo una reunión con el líder del PP-CV, Carlos Mazón. Y el 7 de noviembre se repitió con Elena Albalat, vicesecretaria de Ecología de los populares.
Cazadores y animalistas
El 2 de noviembre y también en el ICOVV, se reunió Ibor con la presidenta de la Federación de Caza de la CV, Lorena Martínez. Las posturas de cazadores y veterinarios son distantes pero no irreconciliables. Los primeros han reaccionado de la mano de AVA-ASAJA y de La UNIÓ en contra de la enmienda del Botànic que, reconociendo las “actividades específicas” de los
perros de caza, pastores, policía... los considera como “animales de compañía, incluso en el momento de realizar su labor”. El CVCV, por su parte, cree que no hay razones para tratarlos de forma diferente porque tienen las mismas necesidades etológicas y biológicas, si bien postula que –según su actividad- podrían estudiarse excepciones en la norma siempre que no afecten a su bienestar y salud.
Tras concluir la reunión, Martínez declaró que es “fundamental que se tengan en cuenta las razones científicas de los veterinarios” y reconoció la “importancia del trabajo que están llevando a cabo para defender el bienestar de los animales”. Y añadió: “No se puede imponer la ideología y dejar fuera criterios con justificación científica. La participación de los veterinarios es imprescindible en esta Ley”.
El pasado 4 de noviembre, además, se produjo un encuentro para intercambiar puntos de vista sobre el texto entre la presidenta de la Coordinadora Animalista de la CV, Ángela Molina, el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, el director general de Agricultura, Antonio Quintana, la propia Ibor y el presidente del Colegio de Castellón (COVCS), Luis M. Gargallo.
Preocupación
En tales contactos, por otra parte, se ha venido incidiendo en otros aspectos “preocupantes” del articulado propuesto que afectarían negativamente a la actividad del veterinario. En este sentido, el CVCV reclama que se clarifique qué sujeto debe llevar a cabo la identificación y/o esterilización obligatoria de un animal, si el responsable legal o el responsable temporal. En parecido sentido, rechaza –como parece sugerirse- que los veterinarios clínicos tengan que realizar funciones de control o denuncia de posibles incumplimientos en materia de identificación. De un lado, porque a los veterinarios autorizados o colaboradores del RIVIA no se les reconoce como autoridades competentes y porque, además, actuar de tal manera podría provocar el efecto contrario al que se pretende: los propietarios no acudirían a las clínicas por miedo a la denuncia, por lo que los animales quedarían desatendidos.
En el terreno de los problemas conductuales, reclama también que se distinga entre el veterinario, único profesional cualificado para el diagnóstico y la prescripción de los tratamientos farmacológicos y para la modificación de la conducta que procedan en cada caso, y los educadores o adiestradores.
- Ver art. opinión G. Moreno de 22-10-22
- Ver nota del CVCV de 27-10-2022
- Ver nota de la Fed. de Caza del 2-11-22
