Como en años anteriores, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica compartió con el Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) el borrador del Plan Anual Zoosanitario (PAZ) para 2023 de la Comunitat antes de publicarlo. En este extenso plan, finalmente recogido en el DOGV el 14 de febrero, se fijan los programas sanitarios mínimos que deben cumplir las explotaciones ganaderas así como Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (con los llamados programas sanitarios comunes) y los núcleos zoológicos incluidos dentro del Registro de Explotaciones Ganaderas. Pues bien, al igual que el año pasado, el CVCV presentó observaciones De las ocho presentadas, se ha accedido a atender dos alegaciones de carácter formal y se han rechazado las demás.
De un lado, el CVCV volvió a reclamar como en 2022 que, entre los contenidos mínimos de tales planes, figurase “un compromiso o contrato firmado que contemple las actuaciones que ha de realizar el veterinario de explotación así como el compromiso del titular de que seguirá sus recomendaciones, avisará de posibles síntomas o muertes y le comunicará las entradas de animales, pérdidas de identificación”. Se pretendía con ello “dar mayor seguridad jurídica” a la relación entre el veterinario y la explotación/ADS. Finalmente, lo publicado a este respecto se limita a una “declaración formal” entre las partes.
Junto a ello, también por lo que respecta a los contenidos mínimos de estos programas, el CVCV pidió que se contemplase la posibilidad de que el veterinario o el propio titular de la explotación puedan no cumplir el periodo de vigencia como encargado de la dirección técnica. Para acogerse a esta posibilidad, el órgano colegial planteaba como requisito que cualquiera de las dos partes justifique “el motivo de dicho cese”. Esa posibilidad, como en 2022, ha vuelto a ser rechazada y el PAZ se limita a exigir que la comunicación de tal cese será “fehaciente”.
Dos cambios aceptados
El CVCV sí ha sido atendido, por el contrario, a otra observación referida a lo establecido para explotaciones con especies sometidas a toma de muestras obligatoria. Para realizar tal labor en las condiciones adecuadas, en lugar de requerir realizarse -como planteaba el texto original- , “a satisfacción del servicio veterinario oficial que las inspeccione” (lo que era considerado por el CVCV como algo subjetivo) se ha aceptado cambiar por tener que hacerlo “en base a criterios técnicos de seguridad”.
En parecido sentido, para referirse a los análisis de tales muestras en los laboratorios autorizados, se ha accedido a realizarlos no ya en función de las “prioridades en la obtención de resultados inmediatos” sino -como planteaba el CVCV- conforme “a las necesidades de urgencia” de cada situación.
Evitar confusiones
El órgano colegial también defendió, esta vez sin éxito, una seríe de cambios en la redacción de varios puntos para dejar claro que el veterinario de explotación debe ser el encargado de la “elaboración del SIGE” (Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones Porcinas y Avícolas). Se pretendía con ello evitar cualquier confusión entre las responsabilidades del veterinario de ADSG, explotación o empresa.
Tampoco se ha accedido a reflejar como vacío sanitario reducido a 24 horas, “no sólo la transición de lechones con entradas continuas que proceden de un único origen, también los cebaderos que actúan igual con entrada continua de un único origen”.
