Seis días después de producirse el traspaso de poderes, el 26 de julio, el nuevo titular de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, recibió en su despacho a una delegación del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) formada por su presidenta, Inmaculada Ibor y por el secretario del CVCV, Gonzalo Moreno del Val. El encuentro sirvió para repasar la agenda de reivindicaciones pendiente del CVCV, fundamentalmente las vinculadas con este departamento pero también algunas otras cuestiones no menores que afectan a otras áreas. Entre ellas se quiso dejar claro que “el bienestar animal está íntimamente ligado a la sanidad por lo que, desde un punto vista científico-técnico y atendiendo a criterios de eficiencia y eficacia, se considera que ambas materias deberían estar en la misma conselleria”, remarcó Ibor.
Sin embargo, con arreglo al decreto de reparto de áreas publicado en el DOGV el 19 de julio y a falta de desarrollarse los correspondientes reglamentos orgánicos y funcionales, nada indica que esto vaya a ser así. Efectivamente, la escisión de la antigua consellería en Agricultura y la creación de la de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio -cuya titular es Salomé Pradas- deja en manos de esta segunda las competencias en materia de bienestar animal.
En parecido sentido, el CVCV reclamó mayor coordinación entre Agricultura, Medio Ambiente y los ayuntamientos para poder dar las autorizaciones pertinentes a núcleos zoológicos y explotaciones ganaderas y evitar así “demoras que pueden prolongarse entre 3 y 5 años” y amenazan con provocar la marcha de este tipo de proyectos a otras autonomías.
Alimentos y el cuerpo único
En materia de seguridad alimentaria, el CVCV defendió la creación de una “estructura superior” para favorecer una “coordinación e integración interdepartamental” basada en un enfoque One health. De esta manera, integrando los sistemas de información y los datos relativos a los diferentes controles oficiales -que fundamentalmente realizan los veterinarios- se ganaría en eficacia y se evitaría “la reiteración de inspecciones en empresas y explotaciones por distintas administraciones de la misma comunidad autónoma (p.j. de etiquetado, de residuos…)”, reza el documento que se entregó al conseller Aguirre.
Esta sería la base con la que recuperar el proyecto -anunciado hace años pero nunca ejecutado- para la creación de una Agencia de Seguridad Alimentaria, análoga a la que han implementado autonomías como Cantabria, País Vasco y Cataluña, así como otros países europeos.
Pie de foto: El conseller de Agricultura, Losé Luis Aguirre junto al nuevo director general de Política Agraria Común, Joaquín Gómez
