La Organización Colegial Veterinaria (OCV) considera imprescindible que la revisión del Real Decreto 666/2023, relativo a la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, se traduzca en mejoras efectivas para el ejercicio clínico y para la atención sanitaria de los animales. Coincidiendo con la fase final de los trabajos de la Subcomisión del Congreso sobre la situación del sector, la entidad recuerda que la profesión lleva más de un año trasladando a las administraciones propuestas para corregir los problemas detectados desde la entrada en vigor de la norma.
Entre las prioridades señaladas por la OCV figuran el respeto al criterio clínico y la autonomía profesional, el acceso y continuidad de los tratamientos, y la reducción de las cargas administrativas, aspectos que —según la Organización— siguen condicionando el trabajo diario de los más de 39.000 veterinarios y veterinarias del país. La propuesta de modificación actualmente en tramitación incorpora avances en cuestiones como la cesión de medicamentos, el uso de antibióticos o la proporcionalidad administrativa, pero la OCV insiste en que el texto “necesita todavía mejorarse” para responder adecuadamente a las necesidades reales del sector.
Asimismo, la entidad recuerda que la Ley 7/2025 estableció que la revisión de esta regulación debía ser fruto del diálogo entre los Ministerios de Agricultura y Sanidad, dado que buena parte de las cuestiones pendientes afectan a competencias compartidas. Por ello, advierte de que las diferencias de criterio entre administraciones “no deben traducirse en que los problemas planteados por la profesión queden sin resolver”.
La OCV reitera la urgencia de una ley estatal de publicidad sanitaria
Por otra parte, la OCV también ha subrayado que la situación generada por la suspensión de actividad de numerosas clínicas del Grupo Vivanta, que ha dejado a pacientes con tratamientos odontológicos en curso en un escenario de incertidumbre asistencial y económica, evidencia nuevamente la necesidad de contar con una ley estatal de publicidad sanitaria que proteja eficazmente a la ciudadanía.
La Organización recuerda que en 2022 los Consejos Generales de Dentistas, Veterinarios, Médicos y Farmacéuticos ya advirtieron de la proliferación de técnicas comerciales agresivas en el ámbito sanitario, reclamando una regulación que garantizase una publicidad rigurosa, veraz, prudente y basada en criterios clínicos y evidencia científica. Esta preocupación fue trasladada posteriormente al Ministerio de Sanidad, y los hechos recientes confirman —según la OCV— que estaba plenamente justificada.
La publicidad sanitaria, recuerda la entidad, no es una actividad comercial más, ya que puede influir directamente en decisiones que afectan a la salud y generar expectativas o inducir a la contratación de prestaciones cuya necesidad debería estar determinada por criterios profesionales. Por ello, la OCV considera urgente avanzar hacia mecanismos preventivos que refuercen las garantías de cualquier actividad sanitaria y reclama la aprobación de una ley estatal de publicidad sanitaria que preserve la confianza de los ciudadanos y sitúe la salud —humana, animal y pública— por encima de cualquier otro interés.